Periodista Graciela Mochkofsky
“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
A su alrededor, sin embargo, todo transmitía una sensación de derrota: la semipenumbra de la oficina; su trato solícito; el silencio del teléfono durante las cinco horas en que conversamos, un martes por la tarde en un país en el que, como siempre, pasaba de todo.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
***
El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
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