El enfrentamiento entre el gobierno y Clarín en torno al 7D es el escenario excluyente de la política argentina.
Héctor Magnetto le habría propuesto recientemente a Mauricio Macri una audaz operación que podría descolocar al gobierno de Cristina.
Se trataría de la sanción de una ley de la ciudad que regule el servicio de cable y reivindique la jurisdicción porteña sobre el mismo.
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El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, confirmó que el organismo definirá cuándo se volverá a elegir la terna de jueces de la cual surgirá el que deberá fallar sobre el artículo 161 de la Ley de Medios al que se opone Clarín.
Claro está que las posibilidades de un acuerdo se diluyen, entre otras cosas porque ayer, tal cual anticipara el Ministro de Justicia Julio Alak, cinco integrantes opositores del Consejo de la Magistratura y dos de la Cámara Civil y Comercial porteña fueron denunciados por una supuesta maniobra para impugnar el concurso del juez que debe fallar sobre la Ley de Medios. Tanto los consejeros como los camaristas fueron también denunciados por designar jueces subrogantes. La denuncia, por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, se realizó ayer a través de la Procuración General de la Nación y lleva la firma del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y quedó radicada ante el nuevo juez federal Luis Rodríguez.
La presentación apunta, sin nombrarlos, a los consejeros radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y el juez Ricardo Recondo, quienes impugnaron imprevistamente en su tramo final el concurso 258 que debe designar el magistrado que falle sobre la cláusula de desinversión de la Ley de Medios.
También pide que investigue el proceder de los camaristas federales Martín Farrell y Recondo, presidente y vice del tribunal que designó jueces subrogantes rotativos para el juzgado civil y comercial federal como el renunciante Raúl Tettamanti y ahora a Roberto Torti. Ante la expansión del conflicto, la Corte Suprema, por su parte, optó por la solución formalmente correcta, es decir, mantenerse prescindente del conflicto. Si bien la situación es fluida, el actual empate entre el gobierno y Clarín hace que ninguno de los bandos pueda sentirse seguro de un resultado judicial favorable en lo inmediato. Es así que se estarían generando operaciones políticas que apuntarían a inclinar la balanza a través de movimientos sorpresivos para la otra parte. En este ajedrez, Héctor Magnetto le habría propuesto recientemente a Mauricio Macri una audaz operación que podría descolocar al gobierno nacional. Se trataría de la sanción de una ley de la ciudad que regule el servicio de cable y revindique la jurisdicción porteña sobre el mismo. Esto implicaría que el gobierno porteño podría rechazar la eventual decisión de la Casa Rosada de intervenir y hasta expropiar Cablevisión. Esta empresa, con 7 millones de abonados, es sin duda la principal caja de Clarín y si el gobierno consiguiera controlarla, podría colocar en serios problemas las finanzas del grupo.
De alto riesgo
En realidad, hasta ahora las únicas iniciativas que se conocen para regular el servicio de cable provienen del kirchnerismo. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2011, los diputados nacionales oficialistas Remo Carlotto y Ariel Pasini presentaron un proyecto de ley para regular los servicios de cable, lo que incluyó las tarifas y los contratos, pero el gobierno optó por no impulsarlo. La idea acerca de la cual conversarían Macri y Magnetto apuntaría a arrebatarle al Estado nacional la jurisdicción sobre esta materia para que se hagan cargo de la misma los tribunales locales. Y también dejarían así de ejercer muchas de sus actuales funciones de contralor los organismos administrativos nacionales. De más esta decir que semejante ley sería resistida a toda costa por el cristinismo y que el litigio, al estar involucrados los gobiernos de la Nación y la Ciudad, tendría la competencia de la Corte Suprema. Pero de llegarse a este punto, Clarín empezaría a quedar mejor posicionado. En primer lugar, la Corte no tiene plazos para fallar. Además, correrían unos cuantos meses hasta que el asunto se resuelva. En tanto, el gobierno podría no salir bien parado de las elecciones y en ese caso la ofensiva contra Clarín perdería fuerza. La jugada sería, obviamente, de alto riesgo, de aquellas que el jefe del PRO prefiere eludir. Pero también es cierto que de este modo Macri podría contar con pleno respaldo de Clarín para su campaña presidencial. Por el contrario, un gran avance del gobierno sobre el multimedios debilitaría indirectamente al PRO en el terreno electoral, porque la oposición estaría perdiendo la batalla mediática.
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